El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, unánime, condenó al acusado a 2 penas; La pena única de 7 años y 184 días de presidio efectivo, en calidad de autor de los delitos consumados y reiterados de abuso sexual de menor de 14 años y mayor de 14 años de edad; y a la pena de 7 años y 184 días de presidio efectivo en calidad de autor del delito de violación. Ilícitos perpetrados entre 2014 y 2015, en la ciudad.
En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Sara Pizarro Grandón (presidenta), Ana Paula Sepúlveda Burgos (redactora) y Héctor Gutiérrez Massardo– aplicó, además, a acusado las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.
Asimismo, el tribunal impuso al condenado las penas especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y de ser oído como pariente en los casos que la ley designa y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de las penas privativas de libertad; la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, y la prohibición expresa y absoluta de aproximarse a la víctima y de acercarse a su domicilio familiar, así como al establecimiento educacional en la que curse sus estudios.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en enero de 2014, cuando la víctima tenía 13 años de edad, el acusado, quien era pareja de la madre de la víctima y aprovechando que la menor dormía, comenzó a efectuarle tocaciones de índole sexual. En abril, ingresó nuevamente a la habitación de la menor, lugar donde concreta la violación.
Así mismo, se detallan situación ocurridas en mayo de 2014, y en julio de 2014. Conducta que reiteró a fines de agosto del mismo año. Abusos que se repiten en febrero y septiembre de 2015.
El condenado, perpetró los delitos siempre bajo amenazas e intimidación de dañar a la familia de la menor si ella contaba a alguien lo que pasaba.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
